OFICIAL: El juzgado de Barcelona admite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça

La denuncia por corrupción presentada por la Fiscalía en contra del FC Barcelona ha sido admitida por la jueza Silvia López Mejías del juzgado de Barcelona. La acusación engloba a la entidad como persona jurídica y también a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los pagos millonarios hacia el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

En la acusación se detalla que ambos exmandatarios del Barça mantuvieron un acuerdo verbal y económico con Negreira para favorecer al club en las decisiones arbitrales en los partidos y "así en el resultado de las competiciones". Es por esos servicios que el exdirigente del CTA habria presentado facturas al cobro de Hacienda por cantidades millonarias "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento real".

Los pagos a través del tiempo

En total fueron 7.3 millones de euros los que se embolsó el excolegiado entre 2001 y 2018 por los servicios que, según el total de los importes facturados, "no tuvieron ningún soporte legal o estatuario" debido a que "no fue aprobada por la Asamblea General" ni tampoco "prevista en los estatutos del club". Es por ello que estas funciones de Negreira "carecían de título que los justificara", apuntó la Fiscalía en su denuncia.

A pesar de que la relación se mantuvo por 17 años, la investigación solo comprenderá los años que no están prescritos gracias al delito de corrupción de particulares en el ámbito deportivo. Es decir, entre diciembre de 2010 y mayo de 2018, cuando los culés pusieron fin al presunto convenio debido a los chantajes y amenazas del propio exárbitro.

Análisis de las facturas

Si bien la cifra conocida hasta la fecha es cercana a los ocho millones de euros, lo cierto es que será la jueza la que determinará el total si solicita al Barcelona y al propio Negreira las copias de las facturas que acrediten las distintas operaciones entre ambos. Estas exigencias comprenderían el mandato de Rosell entre 2011 y 2014 y también quiénes eran los responsables ejecutivos para ese entonces, destacando los directores financieros, generales y tesoreros. Hoy en día la Fiscalía entiende que existe corrupción deportiva, falsedad de documentos mercantiles y administración desleal por parte de los antiguos miembros de la Junta Directiva catalana.