Las leyes amparan al Barça ante la acusación de cohecho por el 'caso Negreira'

El FC Barcelona ha sido imputado por el delito de cohecho, después de que el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 y encargado del 'caso Negreira', impulsara las investigaciones sobre el pago de más de siete millones de euros por parte del club a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité de Árbitros Españoles.

El magistrado fundamenta su acusación en el hecho de que tanto la Real Federación Española como el Comité de Árbitros tienen funciones de naturaleza pública, y según la ley, el delito de cohecho se aplica cuando están involucrados funcionarios. En este caso, el juez considera a Enríquez Negreira como un funcionario, y basándose en la premisa de que "ningún funcionario puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública", ha procedido con la imputación.

Las leyes desestiman que exista el delito de cohecho por parte del Barça

Sin embargo, a favor del FC Barcelona, según el periodista Pedro Jiménez de la 'Cadena SER', tanto la legislación española como la internacional, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, cuestionan la acusación de cohecho al club. Estas fuentes sostienen que tanto la Federación como el Comité Técnico de Árbitros tienen naturaleza privada, y todos sus miembros tienen el mismo estatus.

La teoría de que el Comité de Árbitros es un órgano público se desmonta al considerar que la ley deportiva establece que la RFEF debe crear un órgano arbitral en línea con las leyes internacionales, y la FIFA establece claramente que dicho órgano no debe estar sujeto a la supervisión o control de otros organismos, para garantizar su independencia.

Las Federaciones y su carácter privado

Además, existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que establecen que las Federaciones son "auténticas asociaciones de carácter privado". De hecho, según las sentencias consultadas por la Cadena SER, las federaciones se consideran "instituciones privadas que ejercen funciones públicas administrativas en delegación de la Administración".