Se ha sumado un nuevo capítulo al 'caso Negreira'. Este jueves se ha confirmado que la Guardia Civil ha registrado las oficinas del Comité Técnico de Ábitros (CTA) en búsqueda de nuevas informaciones, datos y registros de la relación del ex vicepresidente Enríquez Negreira con el FC Barcelona que derivó en el pago de 7,5 millones de euros al 'segundo' de los árbitros en España.
Asimismo, desde 'El Debate' han apuntado que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y juez del 'caso Negreira', Joaquín Aguirre, ha imputado a la institución catalana por cohecho. En el auto judicial se ha confirmado que el pago de los blaugrana al exvicepresidente del CTA constituyen un delito, razón por la que también se ha imputado a los ex mandatarios Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero.
El juez ha considerado a Negreira como un funcionario, a efectos penales, y se especifica que "ningún funcionario puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública". La decisión está basada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "se considerará funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".
La decisión del magistrado Joaquín Aguirre
Aguirre argumenta la decisión de considerar a los miembros de la RFEF como funcionarios porque "la Federación, que controla a los árbitros, tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública y que por este motivo los directivos de la misma, incluidos los que forman parte de comisiones técnicas, deben ser considerados como funcionarios públicos a efectos penales. Para llegar a esta conclusión, Aguirre se apoya en una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a un conflicto que se dio en la Federación de Fútbol italiana".
En este sentido, como establece el auto judicial al que ha tenido acceso 'El Debate', existe una conducta delictiva por el pago a Negreira, que se hizo "en atención al cargo que desempeñaba", comparando que "se aprovechó de ejercicio de su cargo de funcionario para solicitar la dádiva o presente". Joaquín Aguirre ha establecido que "el delito está consumado al haberse realizado el pago independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos".
Por último, en esta nuevo 'capítulo' del Caso Negreira, Aguirre ha recordado la carta que envió Negreira a Josep María Bartomeu en 2018 en la que establecía que "si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club". Para el magistrado, "de esto se desprende que Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del Barça de bastante gravedad".